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Nov 03, 2014 Redacción Economía, Gibraltar, Noticias 0
Las quejas presentadas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente español sobre el nuevo Reglamento de Gibraltar para la Conservación del Atún muestran hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno español en su ánimo de desacreditar a Gibraltar.
El Reino Unido no extendió a Gibraltar la aplicación de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA o ICCAT por sus singlas en inglés)[1], y por lo tanto, Gibraltar no está sujeto a sus disposiciones. En los últimos años, el Gobierno de Gibraltar ha consultado a varios organismos con el fin de entrar a formar parte de la Comisión y obtener así una cuota. En este sentido, Gibraltar solicitó visitar la sede de la CICAA en Madrid, visita que le fue denegada.
La pesca del atún en Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar se ha incrementado en los últimos años gracias a la recuperación de la especie, como resultado de la aplicación de las medidas establecidas por la CICAA. No obstante, la pesca del atún no estaba regulada [en aguas gibraltareñas] y el Gobierno de Gibraltar, al observar el retraso en su adhesión a la CICAA, en calidad de custodio de los recursos marinos de las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar y consciente de sus responsabilidades en materia de protección de las especies marinas, tanto a nivel europeo como internacional, consideró apropiado establecer su propia regulación para reflejar las disposiciones de la CICAA. Puesto que las aguas gibraltareñas no están reguladas por la CICAA, dicho organismo no puede asignar ni negarse a asignar una cuota, por lo que el Gobierno de Gibraltar es la única autoridad competente en esta materia en lo que concierne a las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar. De hecho, en algunas de sus disposiciones, la normativa gibraltareña es más estricta, con un peso mínimo de captura de 40 kg, frente a los 30 kg estipulados por la CICAA.
Si las preocupaciones de España sobre la protección del atún fueran sinceras, darían la bienvenida a la normativa gibraltareña. Resulta interesante señalar que en varias ocasiones del pasado reciente, España presentó quejas por la falta de regulación de la pesca del atún por parte de Gibraltar. Ahora que Gibraltar ha dado un paso decisivo en esta dirección, vuelven a presentar quejas. Irónicamente, si las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar fueran españolas —algo que claramente no son— la pesca del atún estaría permitida dentro de la cuota asignada a España.
Las declaraciones del ministro español son incorrectas: por ejemplo, sugieren que la normativa gibraltareña permite la pesca de varias especies de atún por el simple hecho de que se describen tres especies y además asume que los permisos acordados por el Gobierno de Gibraltar se aplicarán en aguas ajenas a las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar. La realidad es que el Reglamento es un instrumento bajo el paraguas de la Ley de Protección de la Naturaleza (Nature Protection Act), la cual, en lo que concierne a la zona marina, se aplica exclusivamente a las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar.
Esta última intervención española condena los esfuerzos para la regulación de la pesca del atún con el fin de acabar con la pesca libre en Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar. Se trata de un acto responsable de un Gobierno que valora sus recursos naturales y el uso sostenible de los mismos. Las quejas muestran la frustración de España ante la importancia que el Gobierno de Gibraltar atribuye a la protección de las aguas y el medio marino, quien además ejerce de manera legítima su jurisdicción y su control, algo que sin duda España desearía que no hiciese.
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