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Valenzuela lamenta la escasa sensibilidad del PA al exigir el derribo de negocios en el parque sin evaluar los daños para los trabajadores de éstos y los intereses de la ciudad
La delegación de Urbanismo, que ostenta el concejal Juan Carlos Valenzuela, ha reiterado sus argumentos sobre el cumplimiento de las sentencias en base a las edificaciones existentes en el parque Princesa Sofía, a raíz de un nuevo escrito presentado a nivel municipal por el grupo andalucista.
En dicho escrito se exige que se ejecuten las distintas sentencias, algunas de ellas firmes desde 2012. Éstas declaran la nulidad de las licencias de obras, circunstancia por la cual desde la delegación de Urbanismo se está intentando buscar una fórmula que permita su cumplimiento, como no podría ser de otra manera, aunque ocasionando los menores daños sociales, económicos y de empleo para la ciudad.
Valenzuela ha recordado la reunión que mantuvo en Sevilla con responsables de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en la que se planteó esta posibilidad y se acordó la redacción de un paquete de medidas por parte municipal para presentar a esta administración.
En su escrito, el grupo andalucista exige el cumplimiento inmediato de las sentencias, que se identifique a quien corresponde dicho cumplimiento, indicando que éste al derivar de una “anulación de licencias comporta el derribo de la edificación a que sirve de cobertura”.
El concejal de Urbanismo incide en la posición del equipo de gobierno, que no entiende, por un lado, las prisas del PA porque se ejecuten sentencias firmes desde 2012, cuando precisamente miembros de su partido formaban parte, por entonces, del gobierno municipal presidido por la ex alcaldesa Gema Araujo. Estima que perfectamente podrían haber ejecutado en el modo y sentido oportuno, demoliendo todo aquello que consideraran pertinente sin tener en cuenta los daños colaterales y perjuicios económicos que se ocasionarían. Por otra parte, tampoco entiende la nula sensibilidad con la situación a la que llevarían a unas 50 familias linenses que dependen de los puestos de trabajo que tienen en estos establecimientos.
Juan Carlos Valenzuela ha confirmado su decisión de continuar, mientras sea posible, buscando una solución lo menos dañina posible para los intereses de la ciudad y de los trabajadores.
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