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Mar 18, 2015 Redacción La Línea, Noticias 0
En una nota de prensa de Jesús de Luna y Martín Franco se dice que «Jesús de Luna Gijón y Martín Franco Garrido desean precisar las informaciones que se vienen publicando en un determinado medio de comunicación de la comarca con respecto al proceso de su reincorporación a la plantilla municipal del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, tras el procedimiento judicial abierto en el denominado como “caso Somdeco”.
En primer lugar, queremos dejar muy claro que desconocemos la fuente utilizada para cumplimentar cada una de estas informaciones y además que se pretenda supuestamente utilizarnos como “lanzaderas políticas” para arremeter contra un determinado equipo de gobierno.
En segundo lugar, aclarar que la vista judicial celebrada el pasado martes, día 17 de marzo, se planteó como un trámite más previsto en lo que se conoce como proceso de ejecución , es decir una medida recogida en el ordenamiento jurídico para determinar en cada caso el grado de cumplimiento de las sentencias judiciales. A la citada vista, y en contra de lo aparecido en este medio de comunicación, no asistió la Alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, sustancialmente porque no estaba citada por parte del juzgado ni era precisa su presencia en el acto. En ella si participaron los letrados de la parte demandada y demandante, es decir el letrado municipal Luís Landero y nuestra abogada Isabel Fernández. Nadie más. Como en cualquier proceso de este tipo, por las dos partes se abordó la situación actual del proceso, el estado de la reincorporación de los dos trabajadores y los abonos realizados hasta el momento en base al Plan de Pagos aceptado hace ya meses, en concreto desde diciembre, por nuestra parte y del que ya se han formalizado determinados abonos. De igual forma, se redactó un documento de acuerdo ratificando el citado Plan de Pagos además de otras cuestiones de ámbito laboral, sobre las que se abre la puerta por parte de nuestra abogada al inicio de otro tipo de iniciativas jurídicas para su defensa. Por lo tanto, ni “La Alcaldesa se ha allanado en nada” y lo único cierto es que por nuestra parte se decidió no continuar con el proceso habida cuenta del cumplimiento por el Ayuntamiento de la mayor parte de los puntos dispuestos en la sentencia judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por ello, lo que existió fue un “desistimiento” de la parte demandante para continuar con el procedimiento tomando como punto de referencia la “normalidad” en la reincorporación por la demandada.
Por último, solicitar a los profesionales de la comunicación, de los que en este caso Jesús de Luna es compañero, que utilicen los instrumentos a su alcance para contrastar las noticias, habida cuenta que cualquier publicación de estas características puede causar graves perjuicios a los afectados, especialmente en un caso como el que tratamos y que tanto ha costado desde hace años, en una situación de precariedad laboral como la que padece el país que finalmente ha permitido la continuidad en sus puestos de trabajo de dos personas.
Aclarar que tanto Jesús de Luna como Martín Franco son trabajadores municipales y que su intención no es otra que la de continuar prestando su labor en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, situándose al margen de posibles intencionalidades “bastardas” que tienen por único objetivo medrar a nivel político en búsqueda de un determinado fin. Hasta el momento no tenemos porque dudar de la intención y buena voluntad del actual equipo de gobierno de cumplir con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habida cuenta de nuestra reincorporación a la plantilla municipal el pasado mes de octubre, el abono de nuestros salarios mensuales y el cumplimiento desde diciembre del Plan de Pagos de los salarios de tramitación.
Como ha venido siendo habitual en nuestra conducta, cualquier ejercicio en defensa de nuestros derechos lo plantearemos siempre ante la sede judicial y, en su caso, será nuestra abogada la que traslade a nivel público las posibles interferencias que puedan surgir en lo que suponga el cumplimiento de lo acordado».
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