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Jul 27, 2014 Redacción Gibraltar 0
La Junta de Andalucía no cuenta en la actualidad con ningún convenio de colaboración con Gibraltar para prestaciones sanitarias, pero sí tiene previsto suscribirlo. Así lo comunica la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en una respuesta parlamentaria por escrito a los diputados del Grupo Popular Teresa Ruiz-Sillero y Jacinto Muñoz. En concreto, los parlamentarios del PP-A se interesaban por conocer si existen «acuerdos de colaboración» suscritos por la Junta de Andalucía con Gibraltar para prestaciones sanitarias y, en caso afirmativo, que detalle «en qué consiste, en qué fecha se suscribió y qué coste anual tiene para el Gobierno andaluz». En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sánchez Rubio se limita a señalar que «en la actualidad no existe convenio de colaboración para prestaciones sanitarias entre la Junta de Andalucía y Gibraltar, pero está previsto suscribirlo». En materia educativa Ruiz-Sillero y Muñoz también preguntaban al Ejecutivo andaluz si existen «acuerdos de colaboración» con Gibraltar para prestaciones en materia educativa y si la administración autonómica «concede algún tipo de beca de estudio para alumnos gibraltareños de cualquier nivel educativo, incluyendo el universitario». El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ya contestó el pasado mes de febrero que, «según los datos facilitados por el órgano directivo competente, no consta la existencia de ningún convenio suscrito por Gibraltar y la Consejería en materia educativa». Alonso aclaró entonces que «los convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación y la comunidad autónoma de Andalucía para la gestión de becas de los niveles postobligatorios no universitarios excluyen de su ámbito de aplicación, de manera expresa, las becas de estudiantes cuyo domicilio no sea el territorio andaluz o que no cursen sus estudios en Andalucía». No obstante, el titular de Educación recordó que la ley vigente establece que «todas las personas extranjeras menores de 18 años tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que las españolas, reconocimiento que incluye el acceso a una educación básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas, así como el derecho a la enseñanza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles».
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