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Ago 12, 2014 Redacción Gibraltar 0
Según publica hoy el Diario El Mundo la denuncia remitida por la Oficina Antifraude de la UE para que España y Reino Unido investiguen el fraude cometido con el contrabando de tabaco desde Gibraltar abre un escenario procesal de imprevisibles consecuencias políticas. Según la ley, la Justicia española es competente para perseguir y, en su caso, juzgar el blanqueo de capitales cometido en el territorio ocupado del Peñón, aun para el muy improbable caso de que las autoridades gibraltareñas decidan también abrir una investigación.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer la apertura inminente de diligencias informativas de investigación, en las que contará con el apoyo de los cuerpos especiales de las fuerzas de seguridad: la Udef de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil.
La denuncia de Antifraude llegó el 29 de julio a manos del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que la remitió al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, uno de los principales especialistas en blanqueo dentro de la doctrina jurídica.
Las pesquisas echarán a andar en los próximos días. El Código Penal establece para el delito de blanqueo una excepción al principio de territorialidad y permite su persecución por las autoridades españolas -incluso aunque el autor no tenga la nacionalidad de nuestro país- cuando hubiese sido cometido «total o parcialmente en el extranjero» (artículo 301.4). Gibraltar tendría esta consideración al encontrarse de hecho bajo soberanía británica. La norma se introdujo en 1995 atendiendo las recomendaciones internacionales -y, en concreto, el Convenio de Estrasburgo de 1990- y existe en casi todos los países europeos.
También la Ley del Poder Judicial habilita a la Justicia española -a la Audiencia Nacional-, en su artículo 65, al tratarse de un fraude que puede producir «grave repercusión en la economía nacional». La actividad de contrabando de tabaco, y el consiguiente fraude fiscal, vinculados a la cercanía con el puerto franco del Peñón, suelen tener impulso desde las localidades fronterizas de La Línea, San Roque, Los Barrios o Algeciras.
El dinero negro retorna después a través de intermediarios y testaferros, presuntamente, a entidades bancarias establecidas en la Roca, que sigue siendo considerado por el Gobierno español un paraíso fiscal opaco. Que el delito que actúa como presupuesto del blanqueo de capitales se cometa desde España -aunque este relato simplifica mucho el esquema, siendo la casuística mucho más variada- fundamenta asimismo la competencia de nuestro país.
Los tribunales españoles, en su caso, estarían facultados por tanto para solicitar información a los bancos gibraltareños -que estarían obligados legalmente a facilitarla, aunque España no es uno de los países con los que Gibraltar ha firmado acuerdos bilaterales para relajar su secreto bancario-, pero también para reclamar la declaración y hasta el arresto y la entrega de ciudadanos residentes en el territorio ocupado, no necesariamente españoles -a lo que las autoridades locales tampoco podrían negarse, según el tratado de extradición de la UE y la Orden Europea de Detención, salvo que aleguen que tienen abierta una investigación por los mismos hechos y demuestren que es real y efectiva-.
La Fiscalía nombrará ahora un fiscal instructor, que tiene seis meses prorrogables para decidir si observa conductas de relevancia penal verificables e individualizables para presentar una denuncia o una querella. A la vista de las tensas relaciones con el Gobierno llanito, y de la nula cooperación que suelen prestar sus autoridades, un eventual procedimiento penal en un asunto tan sensible ahondaría en la brecha y provocaría potencialmente frecuentes desencuentros.
La denuncia de Antifraude es un espaldarazo para la estrategia española de trasladar a las instituciones europeas el contencioso con el Reino Unido por la soberanía de Gibraltar. Representa asimismo un respaldo para la decisión del Gobierno que más ha tensado la cuerda con Londres: los controles de entrada y salida de La Verja para perseguir el contrabando, lo que da lugar a larguísimas colas, y el refuerzo del servicio de Aduanas en la frontera.
La Agencia Tributaria emitió ayer en este sentido una durísima nota que abunda en la dialéctica de confrontación, en la que acusa crudamente al Ejecutivo de Fabian Picardo de favorecer la delincuencia organizada. Así, dice que el contrabando «resulta plenamente controlado por organizaciones criminales que obtienen una importante financiación y que quedan amparados por la inacción del Gobierno gibraltareño».
«Asimismo, la presencia de Gibraltar y, en concreto, su régimen fiscal y su opacidad informativa plantean otros problemas asociados que suponen perjuicios económicos adicionales y que, lejos de constituirse en polo de prosperidad para la zona, deterioran económicamente su entorno más inmediato para luego extender sus efectos hacia el resto del territorio nacional», añade.
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