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Se confiscan bienes valorados en 2 millones de libras procedentes del blanqueo y del crimen
Una investigación sobre blanqueo de capitales desarrollada por la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) se ha saldado con la confiscación de unos 2 millones de libras esterlinas en activos de una familia local.
La incautación se produjo tras una sentencia del Tribunal Supremo el pasado viernes (30 de junio), que dictó sentencia en el procedimiento civil incoado por el Fiscal General, en cumplimiento de la Ley de Productos del Delito (Proceeds of Crime Act, POCA), contra varios miembros de la familia Serra.
Ha sido el resultado de una investigación penal sobre blanqueo de capitales iniciada por la RGP en 2020 sobre el ciudadano gibraltareño Clint Serra, tras recibir información de un cuerpo policial español.
Como resultado de esta investigación, se identificaron una serie de activos en Gibraltar propiedad de miembros de la familia cercana de Serra.
La adquisición de estos bienes fue investigada por la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la RGP, que descubrió que se habían obtenido utilizando dinero procedente de delitos relacionados con el tráfico de drogas.
La Ley de Productos del Delito en estas circunstancias permite la incautación y confiscación de dichos activos.
En la sentencia del viernes, el Presidente del Tribunal Supremo ordenó la confiscación por la Corona de tres locales comerciales en Watergardens, así como los alquileres devengados por el uso de la propiedad, de una propiedad en la Caleta (Catalan Bay) y de una licencia de taxi.
Se ha nombrado a un administrador judicial y las propiedades inmobiliarias se venderán, tras lo cual se depositarán los fondos obtenidos en el Fondo de Activos Recuperados de Gibraltar, recientemente constituido.
Este fondo se ha creado para ayudar en todos los aspectos de la lucha de las fuerzas del orden contra la delincuencia económica. Se cree que las pérdidas para la familia podrían superar los 2 millones de libras.
Un portavoz de la RGP dijo que utilizarían los poderes civiles de la Ley de Productos del Delito para retirar los activos obtenidos por presuntos delincuentes, independientemente de si se podía probar o no un caso penal.
Además, el hecho de que los activos no estuvieran a nombre del presunto delincuente carecía de importancia, ya que ello no impidió la investigación ni que la RGP se centrara en los bienes productos del delito.
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