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Mar 13, 2023 Redacción Gibraltar, La Línea, Noticias 0
Tras conocer la noticia anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con fecha 2 de marzo de 2023, por la que se permite concertar la atención primaria con la sanidad privada, fijando por primera vez un precio a las consultas con el médico de familia, Podemos La Línea nos sentimos indignados por la actuación del gobierno de Moreno Bonilla cuyo objeto reza lo siguiente: «La presente orden tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios».
O sea, que al parecer no solo vamos a pagar a entidades privadas por prestar un servicio público, sino que encima les vamos a permitir que lo hagan en instalaciones públicas. No solo convertimos un derecho en un negocio, sino que encima financiamos sus empresas con dinero público a fondo perdido.
Esto se hará pagando un precio de 65 euros la primera consulta a dichas empresas, 150 euros la consulta al especialista y 90 euros las consultas posteriores. Teniendo en cuenta que actualmente se están realizando en muchos centros de salud la friolera de 50 consultas diarias por médico, el negocio para estas empresas será redondo, superando los 3000€ por día aportando solamente un facultativo. Con ese dinero hay para pagar a un facultativo público durante todo el mes, lo que nos da una idea de la aberración que supone esta Orden.
Por esto, Podemos La Línea hemos presentado en el Ayto. de nuestra ciudad una propuesta de moción para instar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a derogar de forma inmediata la Orden del 23 de febrero de 2023, publicada en el Número 41 del BOJA del Jueves, 2 de marzo de 2023, referida en el Anexo 1 de esta moción.
Instar al Gobierno de la Nación a modificar La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, cuyos artículos 46 y 47 regulan la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público, de forma que se limite o elimine esa posibilidad.
Dar oportuno traslado del acuerdo adoptado a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.
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