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Jun 14, 2017 Redacción La Línea, Noticias 0
Para el PSOE de La Línea «una semana después de la tragedia ocurrida en el Princesa Sofía, los portavoces de la oposición no hemos sido convocados para ser informados de que es exactamente lo que pasó y hacernos entrega de los informes o los datos que se conozcan de la investigación en curso. Por ese motivo y ante la multitud de preguntas sin resolver y el silencio tanto del alcalde como del concejal del área, consideramos que es momento de hablar de la responsabilidad política y técnica de lo que ha pasado.
El modelo de Policía Local de nuestra ciudad se ha manifestado ineficaz para garantizar la seguridad de los linenses en estos dos últimos años, siendo recurrentes las denuncias y quejas de ciudadanos y colectivos. Sin embargo lo acaecido el pasado miércoles supera el riesgo y el peligro aceptable en una ciudad. Iniciar una persecución a toda velocidad por mitad de un parque urbano pone en peligro la seguridad de los transeúntes, niños y adultos, que juegan, pasean a sus perros o simplemente lo atraviesan de camino a casa a la vuelta del trabajo. Desgraciadamente, el resultado fue que murió un policía atropellado, precisamente por un coche patrulla, pero podía haber sido cualquier otra persona.
Desde el Partido Socialista y su Grupo Municipal, entendemos que deben depurarse responsabilidades políticas y técnicas por las actuaciones que desembocaron en tan trágico desenlace. ¿Cuáles son las directrices y las órdenes que reciben nuestros agentes locales de sus mandos técnicos y políticos para actuar frente a un ciclomotor que presuntamente lleva tabaco de contrabando? Hemos de tener en cuenta que no hablamos de un alijo de cientos de kilos de hachís en una playa, sino de paquetes de tabaco en una moto. Y considerar también que ni siquiera hablamos de un delito sino de una falta administrativa que conlleva la imposición de una multa de 150 euros.
¿Debe iniciarse una persecución a toda velocidad por las calles de la ciudad o de un parque ante situaciones de este tipo? Entendemos que no, que las actuaciones deben ser proporcionadas, responsables y anteponer la seguridad de los viandantes para que no vuelva a ocurrir otra desgracia. Solo situaciones extremas que no dejen otra opción a los policías justificarían una actuación de este tipo y parece que esta no era una situación así. La Unidad de Respuesta Inmediata ha quedado claramente cuestionada tras el suceso y esto debe ser evaluado y revisado Si no partimos de ese postulado, no tendremos garantías de que no vuelva a repetirse un episodio de esta naturaleza.
Hacemos responsable al concejal de seguridad ciudadana, Bernardo Piña, de las actuaciones policiales. Este es el departamento que dirige y por tanto el que recibe sus órdenes e instrucciones. De la misma manera el Jefe de la Policía Local, Carlos Fernández, tiene una responsabilidad directa de las actuaciones de sus efectivos y es quién traslada las órdenes y debe marcar y acotar claramente los procedimientos de actuación en cada circunstancia. Por ello, entendemos que ambos responsables deben presentar su dimisión al alcalde y que este debe comparecer ante la ciudadanía para dar explicaciones que vayan más allá de las muestras de pesar por lo ocurrido y que trasciendan la mera descripción de lo ocurrido, cuestiones ambas que ya se han producido y que deben dejar paso ahora a la clarificación de los hechos y a la toma de decisiones sobre las personas responsables.
Exigimos igualmente que el alcalde convoque una Junta de Portavoces y una Junta de Seguridad para hacer un análisis y aclaración de los gravísimos hechos ocurridos, de la situación en la ciudad y de los medios con que se cuenta realmente, así como la estrategia que se va a seguir en la crisis de seguridad y orden público actual».
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