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May 20, 2015 Redacción Los Barrios 0
En un artículo publicado hoy en la edición del Viva Campo de Gibraltar María Isabel Sánchez Vázquez, ex funcionaria de la Administración Local con habilitación de carácter estatal y ex interventora del Ayuntamiento de la Villa de Los Barrios afirma que la gestión de Romero deja embargado el municipio para los próximos seis años. El artículo es el siguiente:
Todo comenzó con la entrada en vigor del
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero,
por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades
locales (en adelante RDL 4/2012), publicado
en el BOE nº 48, de 25 de febrero de 2012; y
el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el
que se crea el Fondo para la financiación de los
pagos a proveedores (en adelante RDL 7/2012),
publicado en el BOE nº 60, de 10 de marzo de
2012.
De conformidad con el art. 3 del RDL 4/2012,
el 14 de marzo de 2012 a las 23:09:33 horas el
Ayuntamiento de Los Barrios envió de oficio, a
la Secretaría General de Coordinación Autonó-
mica y Local de la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, una primera
relación de 373 facturas, correspondientes
a 41 “contratistas”, por un importe total de
4.264.915,29 €, que posteriormente se corrigió,
resultando un importe total de 4.277.729,76 €.
De conformidad con el art. 7.1 del RDL 4/2012,
el 30 de marzo de 2012, el Alcalde-Presidente,
Jorge Romero Salazar, trasladó a la Intervención
Municipal un Plan de Ajuste, por importe
de 4.264.915,29 €, para que fuese informado por
mí, como Interventora General, en la misma
mañana, ya que pretendía su aprobación en
una sesión extraordinaria y urgente del Pleno
de la Corporación a celebrar ese mismo día.
Obviamente, mi informe, como Interventora
General, fue desfavorable. Las razones eran
múltiples, pero basta una por evidente: los empleados
públicos del Ayuntamiento de Los Barrios
cobraron sus retribuciones correspondientes
al mes de enero de 2012 en dos plazos,
uno el 24 de febrero y otro el 1 de marzo; y las correspondientes
al mes de febrero de 2012 el 14
de mayo. En esas circunstancias, ¿cómo iba yo
a informar favorablemente un Plan de Ajuste
con superávit?. Está claro que el papel lo admite
todo.
No obstante, el Pleno de la Corporación aprobó
el mencionado Plan de Ajuste, y fue firmado
y enviado por mí, como Interventora General, el
31 de marzo, sábado, a las 00:15:44 horas, a la
Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local de la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.
En fecha 30 de abril de 2012, la Secretaría General
de Coordinación Autonómica y Local de
la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas informó desfavorablemente
el Plan de Ajuste remitido.
De conformidad con el art. 4.1 y 4.2 del RDL
4/2012, desde el 19 de marzo de 2012, los “contratistas”,
que no constaban en la relación certificada
remitida de oficio, comenzaron a solicitar
al Ayuntamiento de Los Barrios la emisión
de un certificado individual.
Se recibieron más de 2.700 solicitudes. Para
cada una de dichas solicitudes, emití, como Interventora
Municipal, el oportuno informe por
duplicado ejemplar, informes siempre desfavorables
atendiendo a los criterios expuestos en
mi Informe, de fecha 14 de marzo de 2012, como
Interventora General.
Entre dichos criterios debo destacar que existían
facturas prescritas; facturas proformas,
donde no se acreditaba por ningún funcionario
la recepción del suministro y/o la prestación del
servicio; facturas; facturas xxxx. Cada uno de
dichos Informes fue trasladado al Alcalde-Presidente,
Jorge Romero Salazar, mediante las
oportunas comunicaciones internas a fin de
que por el órgano competente se desestimasen
las solicitudes y se notificase fehacientemente
al solicitante en un plazo inferior al de 15 días
naturales desde la entrada de la solicitud en el
registro de la Entidad Local, advirtiéndosele
que transcurrido el mencionado plazo sin que
se hubiera rechazado la solicitud, se entendería
reconocido el derecho de cobro por silencio positivo
en los términos previstos en la solicitud.
Desde la Alcaldía-Presidencia, Jorge Romero
Salazar, desconozco si intencionadamente o
no, dado que difícilmente más de 13.500 documentos
(2700 solicitudes, 5400 informes, 5400
comunicaciones internas…) pueden pasar inadvertidos,
permitió el transcurso del plazo má-
ximo legal, de 15 días naturales, para resolver el
procedimiento y notificar la resolución, lo que
tuvo como consecuencia que, en contra de los
criterios expuestos en mi Informe de fecha 14 de
marzo de 2012, se entendieran reconocidos por
silencio positivo los derechos de cobro en los
términos previstos en la solicitudes deducidas
por los “contratistas”, pudiéndose haber originando,
en opinión de quien suscribe, el menoscabo
de los caudales o efectos públicos del
Ayuntamiento de Los Barrios, y por ende, graves
perjuicios a los intereses generales, a los
que toda Administración Pública debe servir.
Así pues, durante los 5 primeros días hábiles
de junio del 2012 (del 1 al 7), se envió a la Secretaría
General de Coordinación Autonómica y
Local de la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas una segunda relación
de 10.475 facturas, correspondientes a
xxxx “contratistas”, por un importe total de
26.965.556,13 €.
Nuevamente, el 8 de junio de 2012, el Alcalde-Presidente,
Jorge Romero Salazar, trasladó a la Intervención Municipal un segundo Plan de Ajuste, por importe de
27.010.135,67 €, para que fuese informado
por mí, como Interventora General. Por los
mismos motivos que en el primer Plan de
Ajuste, mi informe, como Interventora General,
fue desfavorable.
Y dicho segundo Plan de Ajuste fue aprobado
por el Pleno de la Corporación, y fue
firmado y enviado por mí, como Interventora
General, el 15 de junio, a las 13:13:18 horas,
a la Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local de la Secretaria de Estado
de Administraciones Públicas del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
En fecha 2 de julio de 2012, nuevamente la
Secretaría General de Coordinación Autonó-
mica y Local de la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas informó
desfavorablemente el Plan de Ajuste
remitido.
Después de la extenuante tramitación de
todo este expediente (más de 13.500 documentos
emitidos, en días no laborables, a
horas intempestivas…, plataformas creadas
por diversas asociaciones (como la Asociación
de la Pequeña y Mediana Empresas,
APYME de Los Barrios) para desprestigiarme
profesionalmente a través de diversos
medios de prensa, etc…), recibí la notificación
de la Comunicación Interior que a continuación
se inserta:
Todo este acoso laboral contribuyó a que
el 5 de septiembre de 2012 me encontrará en
situación de Incapacidad Temporal, y el 5 de
marzo de 2014, en situación de Incapacidad
Permanente Absoluta.
Pero esto sería tema para otro artículo, y
en cualquier caso no es lo más importante.
Lo más importante es que el municipio de
Los Barrios, que ya en el 2012 tenía retenida
al 100% la participación en los Tributos del
Estado debido a la deuda que dicha Entidad
mantenía con la Tesorería General de la Seguridad
Social y con la Agencia Tributaria
(que según certificaciones administrativas
expedidas por los órganos competentes, en
fecha 13 de marzo de 2012 y 19 de septiembre
de 2011, ascendía a 42.884.309,50 € y
7.461.100,54 €, respectivamente, aumentó
con el Plan de Pago a Proveedores su deuda
con el Estado en 31.243.285,89 €.
Para hacerse una idea, al Ayuntamiento
de Los Barrios le hubiera correspondido una
Participación en los Tributos del Estado en
el actual ejercicio 2015 de 4.940.966,04 € es
decir, el Plan de Pago a Proveedores, ha hecho
que la retención del 100% de dichos ingresos
se prolongue aproximadamente en
algo más de 6 años.
Ante tal aberración, tan sólo puedo seguir
confiando en la Justicia, ya que el pasado 11
de febrero de 2015, fui citada como testigo,
en el Procedimiento: Diligencias Previas
1779/2014 contra Jorge Romero Salazar, por
el Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras,
donde, según mi percepción, ante la
perplejidad del propio Juez, relaté todo, y
más, de lo aquí plasmado.
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