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Ene 08, 2018 Redacción La Línea, Noticias 0
El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, también recibe carbón por no analizar el impacto del Brexit en la comarca y la falta de medidas concretas para La Línea como principal afectada.
Izquierda Unida ha pedido carbón para el alcalde Franco por doce razones.
El alcalde Franco se lamenta de las subidas del recibo del agua para los linenses, sin embargo, es incapaz de reclamar al gobierno del PP en Mancomunidad sostenido con sus votos para que realice una auditoría completa de la gestión del servicio prestado por Aqualia, sobre el que pesan sospechas de sobrecobro en la Fiscalía.
Con contratos menores, el alcalde Franco ya viene desguazando el servicio público de limpieza y jardines ante su incapacidad para gestionarlo. Sin embargo, recientemente ha manifestado que está dispuesto a privatizarlo por completo. Una gestión que no solo empeorará las condiciones de trabajo de los operarios y el servicio, sino que aumentará los costes y la deuda municipal, como ya ocurrió en tiempos del GIL-PP.
El alcalde Franco llegó al poder tildando de inútiles a todos los demás partidos y afirmando que los únicos capaces eran los suyos. Sin embargo, dos años y medio después, no ha mejorado los servicios y muchas de sus promesas se han demostrado falsas. Aunque las mentiras del alcalde Franco no solo se han dado en campaña electoral. Recientemente, un informe de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal evidenciaba la falsedad de su triunfalismo en la gestión de las finanzas municipales.
Una RPT en seis meses. Esa fue la promesa del alcalde Franco nada más tomar el bastón de mando. Incluso encargó a una empresa externa un informe que le costó a las arcas 18.000 euros. Dos años y medio después, Franco solo ha sabido quitar derechos a los trabajadores y enfrentarse con los sindicatos.
El 5 de abril de 2017 se produce la triste noticia del fallecimiento del policía local Salvador Fernández. Sin embargo, su familia no solo tuvo que enfrentar el dolor de esta pérdida, sino también la canallada del Ayuntamiento, que le negaba indemnización por fallecimiento en el trabajo fruto de la anulación del seguro.
2017 ha sido un año terrible para nuestras playas. Los pescadores han lamentando los vertidos fecales, que han minado sus opciones de capturas. Los ecologistas clamaban contra los rellenos de escombros. Y los vecinos se han quejado de la suciedad acumulada durante semanas tras los vendavales.
En 2016 ardía nuestra Sierra Carbonera. La respuesta ciudadana para protegerla y recuperarla ha sido espectacular en dos reforestaciones. Sin embargo, ninguna ha sido la actuación del Ayuntamiento, ni su exigencia a la Junta de Andalucía. Por el contrario, el alcalde Franco aspira a destruir nuestro maltratado patrimonio natural siguiendo el modelo del ladrillazo y el pelotazo.
En enero de 2017 la asociación Solidarios con los niños, que desarrollaba una importante labor ayudando a familias en situación de necesidad, echaba el cierre por culpa del Ayuntamiento. La entidad pedía la dimisión del concejal de asuntos sociales, Helenio Fernández, que fue incapaz de ubicarlos en alguno de los muchos locales municipales vacios o infrautilizados.
Calles oscuras, aceras rotas, suciedad acumulada, problemas en el alcantarillado. Las quejas de los vecinos y vecinas linenses en este 2017 han sido continuas.
En mayo de 2017, IU y Podemos presentábamos una moción en el Ayuntamiento para que el autobús ofensivo hacia las personas transexuales de Hazte Oír, que amenazaba con acudir a la comarca, fuera declarado non grato, como ya habían hecho el Ayuntamientos de Sevilla o la Diputación de Cádiz. La Línea 100×100 y el PP se negaron si quiera a debatirla. Pero bien que el alcalde Franco viene luego al Orgullo LGTBI para hacerse el moderno.
En junio de 2017 el Ayuntamiento anunciaba que rotularía la mayoría de las calles de la ciudad con pegatinas encargadas a una empresa de un concejal del PP de San Roque, Francisco Javier Barberán Ibáñez. 2.000 rótulos de los que aún hoy desconocemos el coste que, apenas pasados unos meses, han comenzado a despegarse.
En mayo de 2017, Izquierda Unida registraba en el Ayuntamiento una serie de argumentos jurídicos que ponían de manifiesto la ilegalidad de la participación de la tránsfuga Ceferina Peño en la junta de portavoces y en el consejo de Emusvil, así como su nueva delegación de telecomunicaciones. El secretario general aún ha sido incapaz de emitir una respuesta.
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