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Feb 10, 2016 Redacción La Línea, Noticias 0
Para IU «lo moral y lo legal son cosas que deben coincidir, pero que en ocasiones difieren. La diferencia entre ambos es, que para muchos lo que es legal es permitido, a pesar de que sea patente su inmoralidad.
Este equipo de gobierno es muy legalista, sobre todo cuando le interesa, pero en la cuestión moral flojean más de lo que debieran. Así, es legal, que casi todo el equipo de gobierno, incluida una tránsfuga, cobre sueldos muy por encima de la media, pero no es ético, en un ayuntamiento con la ruina que tiene el nuestro.
Es legal, encargar la elaboración de la famosa RPT a una empresa externa, pero no parece lo más oportuno, dado la penuria de las arcas municipales.
Es legal, encargar el PGOU a otra empresa externa, pero igualmente y por las mismas razones anteriormente expuestas tampoco es muy ético.
Es legal, que un grupito de funcionarios muy selectos, nos cuesten más de 6.000€ mensuales a los contribuyentes, pero es igualmente indecente. Por cierto, sería un buen ejercicio de transparencia, hacer públicos, cuánto cuestan al erario público, cada uno de esos cargos.
También estaría bien que hicieran pública la información solicitada por los sindicatos, sobre las retribuciones que el Ayuntamiento debería detraer a la Interventora por los dos días a la semana que, al parecer, trabaja en Mancomunidad. Pues lógicamente deberá rebajarse la nómina y cotizaciones sociales por el tiempo que no se desempeñe en el Ayuntamiento
Es vergonzante que vengan políticos de fuera, a vendernos, lo mucho que quieren a nuestra ciudad y que movidos por ese amor iban a dotarnos una serie de medidas económicas que decían eran exclusiva para La Línea y que luego se ha demostrado, que no era así, sino que nuestro municipio lo que en realidad recibía eran créditos, que como siempre pagaremos los ciudadanos, con sus correspondientes intereses.
No es legal ni moral, no cumplir con la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, no dotar a los trabajadores municipales de su Equipos de protección individual (EPI), porque la falta de seguridad de los trabajadores resulta inadmisible en cualquier centro de trabajo, pero es todavía peor cuando se trata de la propia Administración.
Tampoco parece legal que el servicio de alcantarillado, que muy posiblemente hayamos estando pagando muy por encima de la tasa establecida desde el año2001, sea motivo constante de quejas vecinales, tanto por el coste de los servicios como por la salida de aguas fecales en casi todas las zonas de la ciudad, con el consiguiente hedor y problemas higiénicos y nuestro ayuntamiento, no exija a Mancomunidad ni a Aqualia ni la fiscalización de las facturaciones de la concesionaria ni las mejoras del servicio.
Aunque difícilmente, pueda el alcalde exigir a Mancomunidad, que fiscalice la gestión de Aqualia, cuando él se niega a fiscalizar la gestión de la concesionaria en el periodo 2001-2015,a pesar que nuestra petición, va respaldada por la firma de un gran número de linenses».
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