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Ene 19, 2017 Redacción La Línea 0
Este jueves, la delegada de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, Isabel Armario, ha visitado el Centro de Tratamiento de adicciones dependiente de la institución provincial, y ha mantenido un encuentro con el teniente de alcalde y delegado municipal de Asuntos Sociales, Helenio Fernández. En esta reunión, a la que también han asistido técnicos municipales, provinciales y del centro, se ha tratado la revisión del convenio entre diputación y ayuntamiento relativo al CTA, un recurso que cuenta con psicólogos, trabajadores sociales y médicos para atender a personas con problemas de dependencia de diferentes sustancias. Asimismo, Fernández ha entregado a la diputada un escrito para avanzar en la recuperación de los servicios de la residencia de mayores.
Con respecto al primer asunto, existe un convenio firmado en 1995 entre la Diputación y el Ayuntamiento por el que el consistorio linense cedió a la institución provincial un solar en la calle Xauen para centro de drogodependencias, a cambio del cual, la diputación le devolvió las instalaciones de la avenida de España, en las que estaba la antigua comunidad terapéutica Monte Tarik. Dicho convenio contemplaba, asimismo, la cesión de un módulo a la Coordinadora Despierta, junto al actual CTA.
Desde el año 2005 el ayuntamiento linense intenta revisar una cláusula por la que este debe asumir la conservación y el mantenimiento del centro, incluyendo el servicio de seguridad y los suministros de agua y electricidad. La idea es que sea la diputación quien los costee a partir de ahora. Isabel Armario se ha mostrado receptiva a la propuesta, por lo que trabajarán en el borrador de un nuevo convenio.
Por otra parte, Helenio Fernández, ha entregado a Isabel Armario una petición para que se reactive el asunto de la residencia de mayores de diputación. En este escrito, el edil solicita la puesta en marcha de la mesa técnica en un plazo máximo de quince días para decidir las actuaciones a corto y medio plazo. Pide la restauración integral del edificio de la calle Gómez Ulla, hasta conseguir una capacidad de 80 plazas en las que, al menos, 60 sean concertadas con la Junta de Andalucía.
El delegado municipal de Asuntos Sociales solicita el mantenimiento de la gestión directa de diputación al, al menos, el 80% de los servicios que se prestan, el mantenimiento de la plantilla, dotación presupuestaria suficiente y apertura como centro de día hasta alcanzar un número máximo de 150 residentes.
A medio plazo, si la diputación no le encuentra utilidad al edificio inconcluso Santa Margarita, propone la reversión del suelo de propiedad municipal para destinarlo a equipamiento docente. Fernández espera que este asunto se reactive cuanto antes y se alcancen compromisos para avanzar en la mejora de este servicio.
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