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Oct 29, 2014 Redacción La Línea 0
La alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo, ha valorado positivamente el convenio firmado este miércoles con la Junta de Andalucía al objeto de que jóvenes infractores puedan realizar sus trabajos en beneficio de la comunidad en el Ayuntamiento, documento rubricado con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López. Ha tenido lugar el acto en la sede de la Subdelegación de la Junta en Algeciras y otros dos municipios han firmado también, como son los casos de Algeciras y San Roque. Este convenio tiene una vigencia de dos años.
“La Ley del Menor busca, en definitiva, que cuando haya algún tipo de pena se les permita que pueda conmutarla por un trabajo en beneficio de la comunidad. Estas prestaciones podrán realizarlas en el Ayuntamiento o haciendo trabajos que desde el Ayuntamiento nosotros coordinemos. Este convenio de colaboración va en ese sentido y la verdad es que nos sentimos satisfechos”, indicó la alcaldesa, quien recuerda que en similares términos esta colaboración también se hace con mayores. “En ese caso con adultos que han tenido conmutaciones de penas y han estado realizando trabajos. La experiencia ha sido positiva. Se salda así esa deuda con la sociedad mediante estas tareas que sustituyen a determinadas penas judiciales”.
Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz ha explicado que como principal objetivo está resocializar a estos jóvenes que habían cometido algún delito o falta, son las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC), las Tareas Socioeducativas (TSE) y las Actividades Reparadoras en favor de la sociedad (RS) derivadas de un proceso de conciliación y mediación, así como el seguimiento, por parte de los agentes de la Policía Local u otro personal funcionario que desempeñe estas funciones de la Permanencia de Fin de Semana (PFS) en el domicilio familiar; y de otra, la cooperación o colaboración para actuar en el entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas.
Fernando López ha puesto de relieve que “con estos acuerdos se contribuye a la labor educativa del joven en su mismo entorno”, y ha añadido que este conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley “tienen por finalidad que el menor comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se trata de que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo”, ha afirmado.
Si se analizan los tipos de delitos y faltas en medio abierto, un 41% de ellos están relacionados con el patrimonio (robos, hurtos, daños…), seguidos por lesiones con un 15,97%, por malos tratos con 15,24% y por delitos contra la seguridad colectiva con un 9,18%. A continuación se sitúan, en menor medida, delitos que no superan el 5% y que están relacionados con la libertad, el honor o falsedad, entre otros. Los delitos más frecuentes de los internos son el robo con violencia (39%), el maltrato familiar (25%), el quebrantamiento de medida (18%) y lesiones (8%).
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