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Abr 26, 2021 Redacción La Línea, Noticias 0
Desde la Ejecutiva Local del PSOE de La Línea «advertimos de que la prestación de los servicios públicos municipales que por ley se ve obligado a cumplir nuestro Ayuntamiento cada vez resulta más dependiente de empresas externas, una tendencia que ha ido incrementándose de forma progresiva desde el año 2016, cuando Juan Franco y su actual Gobierno aprobaron sus primeros presupuestos. Y nos vemos obligados a denunciar que esta continua privatización es ya un hecho que ha terminado por provocar un aumento considerable del gasto consistorial.
Entendemos que esta estrategia de La Línea 100X100 podría tener sentido si se cumpliesen dos factores concretos, como son el de la escasez de plantilla municipal para prestar dichos servicios o el aumento de estos últimos, pero la realidad es que en nuestra ciudad no se da ninguno de ellos, por lo que no se justifica tan masiva contratación de empresas privadas. Y este análisis no es solo nuestro, sino que también es compartido por los representantes sindicales.
Pero lo que más nos preocupa a los socialistas linenses es que esta masiva irrupción de empresas privadas no está significando, como se pudiera pensar, una disminución del coste en el capítulo uno del presupuesto municipal, sino que muy al contrario, éste sigue aumentando también.
Por otra parte, también nos vemos obligados a alertar de que esta desenfrenada política de privatizaciones está siendo muy cuestionada por los técnicos del Ayuntamiento. Así, la propia interventora municipal, en su informe número 302/21 de 14 de abril, subraya la existencia de reparos en la “tramitación de contratos menores de servicio y suministros cuando su objeto se caracteriza por ser periódico y repetitivo en el tiempo y respecto de los cuales hubiera correspondido la tramitación de un expediente en el que resuelva la problemática de fraccionamiento del objeto del contrato por periodos temporales y se atienda al principio de concurrencia competitiva”. Para añadir posteriormente: “En este sentido se entiende incumplida la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en relación a los principios de la contratación pública”.
La conclusión es clara: En vez de convocar un único concurso para contratar a una empresa cuando se tiene necesidad de atender determinados suministros o servicios por un periodo de tiempo determinado, lo que con toda seguridad abarataría los costes, el alcalde se dedica a dividir ese mismo concurso en otros más pequeños que al no superar la cantidad establecida por la legislación vigente, se tramitan a través de otro procedimiento en el que su adjudicación se llevaría a cabo de forma negociada y sin cumplir los principios de publicidad que requiere la contratación pública. Con ello, tal y como critica el citado informe de la interventora, se vulnera la posibilidad de que otras empresas, principalmente de La Línea, puedan concurrir a la licitación, adjudicándose el contrato a una determinada.
Desde la Ejecutiva Local del PSOE denunciamos que, una vez estudiada la documentación que obra en nuestro poder, hemos encontrado un total de veinte reparos presentados por la interventora municipal al pago de facturas, algunos de ellos de grave contenido, como uno que afirma que “no consta otro trámite que la recepción y conformidad a la factura”, lo que parece querer decir que supuestamente se ha comprado a la empresa que el concejal o trabajador municipal han querido, u otro en el que “se reparan la facturas que reflejan los gastos a los que nos referimos en el apartado anterior debido a la improcedencia de utilizar la figura del contrato menor para atender necesidades periódicas y previsibles, que a criterio de esta intervención y conforme se desprende de la LCSP, deben ser objeto de licitación”. Existe incluso un reparo por gastos “que han sido realizados previamente a la tramitación de expediente administrativo y por tanto a la fiscalización de los mismos en tiempo y forma”, irregularidad, que no es aislada, que supone una desfachatez aún mayor ya que desvela que primero se hace el gasto y luego se tramita el expediente de la compra, lo que evidencia de que aquel se ha efectuado a dedo, con la empresa que se ha querido y no con la que ha dado mejor precio.
Como colofón a este rosario de despropósitos de Juan Franco y su Gobierno, queremos desvelar las cifras de este despilfarro y abuso del dinero público: Mientras en el año 2016 el gasto del capítulo dos del presupuesto municipal sobre gastos corrientes en bienes y servicios era de 6.025.551 euros, en 2020 se ha duplicado hasta alcanzar los 12.407.551 euros».
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