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Sep 08, 2020 Redacción La Línea, Noticias 0
AL EXCMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
A TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
(PROPUESTA DE MOCIÓN CONJUNTA)
MOCIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PERMITIR UNA VUELTA A LA ACTIVIDAD SEGURA PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PARA GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL AL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
El CÍRCULO DE PODEMOS LA LÍNEA, presenta a consideración y debate de los Grupos Municipales de la Corporación Municipal, la Moción relativa a establecer las medidas necesarias para garantizar una vuelta a la actividad educativa segura y para blindar la educación pública a nivel financiero para el curso escolar 2020/2021.
Exposición de motivos
El pasado curso escolar acabó de forma abrupta y sin una planificación adecuada como consecuencia del inesperado impacto de la Covid-19 en las aulas de todo el país. Se puso fin así a un curso escolar extraordinario que finalizó prácticamente en marzo de 2020 a falta del último trimestre.
La situación extraordinaria supuso un esfuerzo enorme por parte del personal educativo que tuvo que adaptar las actividades formativas sobre la marcha, habiendo un impacto también significativo sobre padres, madres y alumnos que en el medio del confinamiento tuvieron que adecuarse a las nuevas necesidades, a los nuevos ritmos de enseñanza y a las nuevas prácticas desarrolladas.
Lo que la pandemia y el confinamiento del curso pasado puso en evidencia, fue también, la importancia de la educación pública presencial y de las “aulas” como instrumentos necesarios para garantizar el acceso universal a todo el alumnado y, para permitir que la brecha social y la desigualdad estructural de la sociedad andaluza no sean una causa aún más seria y profunda de la falta de acceso a la educación por parte de una parte significativa de la población andaluza. No olvidemos, que según la última encuesta sobre la pobreza y la exclusión social en Andalucía, más de 650 mil andaluces y andaluzas viven en una situación de privación material severa. El 16% de los hogares andaluces no tuvo acceso a internet en medio del confinamiento, un obstáculo tremendo en un contexto donde la educación fue garantizada principalmente de manera virtual.
Cabe destacar que es la educación pública la única que garantiza plenamente el derecho constitucional a la educación, así se recoge en el art.27 de la Constitución que expone que todas las personas tenemos derecho a la educación y, que esa educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en relación a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Tampoco caben ambigüedades y confusiones competenciales y de acción de los poderes públicos ya que son las Comunidades Autónomas quienes tienen competencia exclusiva sobre educación. El art. 52 del Estatuto de Andalucía dice claramente en el punto 1 que “ Corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, en relación con las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva, que incluye la programación y creación de centros públicos, su organización, régimen e inspección, el régimen de becas y ayudas con fondos propios, la evaluación, la garantía de calidad del sistema educativo, la formación del personal docente, de los demás profesionales de la educación y la aprobación de directrices de actuación en materia de recursos humanos, las materias relativas a conocimiento de la cultura andaluza, los servicios educativos y las actividades complementarias y extraescolares, así como la organización de las enseñanzas no presenciales y semipresenciales”. Además el punto 4 del mismo artículo no deja espacio a dudas ya que aclara que es la Comunidad Autónoma quien tiene competencias de ejecución en las demás materias educativas.
En este sentido es importante destacar que los últimos gobiernos de la Junta, en particular, en la última década han sido directos responsables de una infrafinanciación estructural del sistema educativo andaluz. Las políticas de recortes sucesivas a la crisis del 2012, la contención del gasto presupuestario y las medidas de políticas fiscales adoptadas han mermado significativamente los recursos para garantizar el blindaje de la educación pública y la garantía de acceso a este derecho básico a toda la población. En una década además ha bajado significativamente el peso del gasto educativo sobre el PIB, en los presupuestos autonómicos para el 2020 no llegó al 4,5% siendo casi un punto menos con respecto a los valores, ya insuficientes, de antes de la crisis.
Es evidente que cualquier medida puesta en marcha deberá suponer una ampliación significativa del presupuesto del 2020 y deberá de dotarse de recursos suficientes para el presupuesto para el 2021. Es urgente invertir la lógica política y presupuestaria seguida hasta hoy: es esencial antes de todo determinar las exigencias y necesidad de inversión para garantizar una vuelta a la actividad segura para toda la comunidad educativa y a partir de ahí utilizar todos los recursos disponibles (tanto de origen estatal como autonómico) para asegurar la cobertura presupuestaria y financiera.
La pandemia ha puesto de manifiesto los problemas estructurales de la educación pública andaluza, problemas señalados en la última década por todos los protagonistas de la comunidad educativa pública, que llevan años reivindicando un suelo de inversión adecuado, el reforzamiento de la educación pública, una mejoría estructural de las infraestructuras, una aumento sensible tanto del profesorado como del conjunto de los profesionales de la educación pública. Peticiones que han quedado desatendidas por los últimos gobiernos de la Junta y en particular por el actual que está lamentablemente apostando por un desmantelamiento progresivo de lo público. Un modelo que va justo en el sentido contrario de lo que necesitaríamos y de los intereses de la mayoría social andaluza.
A la emergencia sanitaria está ya siguiendo la crisis económica y social más dura del último siglo. La anterior crisis y las medidas adoptadas minaron gravemente los cimientos de la educación pública andaluza, poniendo en serio entredicho el acceso a una educación pública de calidad, a pesar del esfuerzo de miles de profesionales. Para poner en marcha los proceso de transformación productiva y económica que necesita Andalucía en la fase de reconstrucción, ya que el actual modelo de crecimiento se está demostrando inadecuado y lejos de garantizar estabilidad y bienestar a todos los hogares andaluces, es imprescindible fortalecer nuestro sistema educativo público, ya que es la base de cualquier modificación sustancial de nuestro tejido productivo y de nuestra estructura económica.
Las medidas que desde el CÍRCULO DE PODEMOS LA LÍNEA proponemos en esta moción, por esto, no se tienen que entender cómo coyunturales, ya que representan la base para empezar a atender las necesidades de la comunidad educativa, sus legítimas reivindicaciones y el fortalecimiento de la educación pública en Andalucía, para que sea un pilar para el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad.
Por todo lo expuesto, el CÍRCULO DE PODEMOS LA LÍNEA formula la siguiente moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte el siguiente ACUERDO:
a). a reducir de manera significativa la ratio de alumnos por aula a partir de un mínimo del 30%. Aquellos centros que escolaricen alumnado de riesgo deberán poder reducir la ratio de manera más significativa a partir de un 50%.
b). a ampliar la plantilla destinada al refuerzo educativo en centros públicos andaluces para que como mínimo cada centro cuente con un apoyo extra en la etapa de infantil y en la de primaria. El aumento del personal tiene que extenderse a todos los profesionales educativos a través del reforzamiento de la plantilla de PTIS e ILSES, la incorporación de educadores y trabajadores sociales para Integrar y hacer seguimiento de alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social y también la incorporación de personal sanitario a los centros con un número significativo de alumnado con alto riesgo.
Ampliar la plantilla destinada al refuerzo educativo en centros públicos andaluces para que como mínimo cada centro cuente con un apoyo extra en la etapa de infantil y en la de primaria. Ir aumentando en función de las unidades.
Ampliar plantilla destinada al refuerzo en los ÍES, poniendo más énfasis en los primeros cursos para prevenir el fracaso escolar.
Reforzar la plantilla de PTIS e ILSES con un aumento de profesionales.
Incorporación de educadores y trabajadores sociales para Integrar y hacer seguimiento de alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social.
Incorporación de personal sanitario a los centros con un número significativo de alumnado con alto riesgo.
Elaborar un protocolo de coordinación entre centros de salud y centros educativos por parte de ambas consejerías.
Fortalecer la organización autónoma y más flexible de los centros con modificaciones sustanciales en los horarios. Menos horas lectivas (Bajar a 17-16) y más horas para la coordinación, formación e investigación. (Esto implica aumento de plantilla también)
Establecer un mínimo de convocatorias de los consejos escolares municipales para seguimiento de medidas a nivel municipal. Una al trimestre, por ejemplo.
Dar posibilidades a las familias que así lo deseen de educación no presencial o semipresencial. Justificación médica del propio alumno o familiar cercano o de la misma unidad familiar.
Crear puesto específico de docentes para atender en casa al alumnado de riesgo cuya familia por dificultades de conciliación familiar y laboral solicite educación no presencial o semipresencial.
Combatir la brecha digital de forma activa para evitar mayor riesgo de exclusión y fracaso escolar.
Modificar presupuesto 2020 para dar cobertura a las medidas anteriores.
Elaborar presupuestos educación de 2021 en función del aumento que dichas medidas necesitan.
Establecer suelo presupuestario por ley del 7% del PIB.
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