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Abr 07, 2015 Redacción La Línea 0
El ex alcalde de La Línea, Alejandro Sánchez García, ha sido cesado en sus funciones en el gabinete del Ministerio del Interior. Así se puede leer en la ultima edición del BOE, Boletín oficial del Estado. Tuvo que ser el Portavoz del PSOE, Antonio Trevín, el que pidiese explicaciones de porqué, hasta hoy, seguía en el puesto.
Sánchez García estaba considerado como “un joven valor” del PP andaluz, aunque los vecinos de La Línea de la Concepción no le consideraban tal, sino un desastre porque su gestión como alcalde fue nociva para la localidad. Con él de regidor, el Ayuntamiento dejó de pagar la nómina medio año a los trabajadores. No es que los vecinos le hubieran elegido, es que su antecesor del PP, Juan Carlos Juárez, fue condenado a seis meses de inhabilitación y tuvo que dejar el cargo. La principal propuesta de Sánchez García, ascendido a alcalde en 2009, consistió en implantar un peaje en la avenida que conduce a Gibraltar. Le llamó “tasa de congestión”. La protesta de la ya sableada población evitó que colocara su invento, añadiendo más atasco de coches, polución y congestión.
Antes de que los electores le enviaran a con su partido a la oposición y eligieran a la socialista Gemma Araujo como alcaldesa, tuvo tiempo de incumplir el compromiso con un empresario que había aportado 300.000 euros por el derecho de alquiler de un recinto para congresos que luego el Ayuntamiento no le concedió. En compensación, el alcalde y presidente de la empresa municipal de la vivienda, Eumusvil, pactó con el empresario la entrega en propiedad de un local comercial y dos plazas de garaje. Una vez finalizadas las obras, el alcalde quiso modificar el acuerdo, pero el empresario se negó y el regidor firmó el contrato de adjudicación.
Paralelamente, a través de Eumusvil mantuvo una negociación con otro empresario interesado en el local y, a través del subordinado y también procesado Juan Francisco Montero firmó el contrato de compraventa ya en 2011 y escrituró el mismo local a nombre de este segundo empresario. Tras la denuncia del damnificado, Sánchez García dijo al juez que desconocía este extremo, aunque los testimonios en contra de su afirmación indican que era plenamente consciente de la “doble venta”, una operación por la que la Audiencia de Cádiz, que ha desestimado sus recursos, le sentará en el banquillo como coautor de un delito de estafa, con una petición de cuatro años de prisión por parte de la Fiscalía.
Si el Ejecutivo tiene buenas fuentes de información, máxime si se trata del ministro del Interior, hay que suponer que en la elección de Fernández Díaz pesó más la razón de partido que la oscura trayectoria del designado. Otras fuentes atribuyen sin embargo el nombramiento del exalcalde linense como jefe de gabinete del secretario de Estado de Interior y número dos del Ministerio, Francisco Martínez Vázquez, a los conocimientos inmobiliarios que había adquirido.
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