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Gibraltar aplicará la reciprocidad a los transportistas de la UE
El Gobierno ha sido informado de que los conductores de vehículos comerciales registrados en Gibraltar que operan en España han sido notificados de que necesitarán un permiso, o un contrato de trabajo en España, para seguir haciéndolo después del 1 de marzo de 2022. Esto se ha producido como consecuencia de la salida de Gibraltar de la Unión Europea y el final del período de transición.
En consonancia con la política de reciprocidad, que es la norma aceptada en las relaciones internacionales, el Gobierno también exigirá a los transportistas de la Unión Europea, incluidos los operadores españoles, que necesiten igualmente un permiso para poder operar en Gibraltar. Se distribuirá un folleto informativo a todos los vehículos comerciales que entren por la frontera en el que se explicará, en diferentes idiomas, el motivo del cambio de criterio y los pasos que deben dar para regularizar su situación. Se permitirá un breve periodo de adaptación para que los transportistas de la UE puedan ajustarse a las disposiciones.
La consecuencia lógica sería que los transportistas sin permiso tendrían que descargar sus mercancías en la frontera y transferir la carga a una empresa registrada en Gibraltar para su posterior entrega local dentro de Gibraltar.
El fin del marco jurídico de la UE para el transporte de mercancías y pasajeros ha llevado al Reino Unido a solicitar la ampliación a Gibraltar de los convenios internacionales pertinentes del Consejo de Europa (no de la UE). Estos han sido retenidos en el Consejo de Europa, a pesar de que la cuestión podría haberse resuelto en un instante mediante dichas extensiones.
El Gobierno ha estado en contacto con los operadores y las organizaciones empresariales de Gibraltar desde la salida de la Unión Europea, en vísperas del final del periodo de transición, para informarles de la situación. En Gibraltar hay 13 empresas de transporte por carretera con 319 empleados, de los cuales 230 son ciudadanos comunitarios o españoles.
Está claro que esto no beneficia a nadie y el asunto se ha tratado con las autoridades competentes del Reino Unido y España.
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