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Respuesta del Gobierno al Informe del Auditor Principal 2018/2019
Respuesta del Gobierno al Informe del Auditor Principal 2018/2019
Día 4 – Comisión de Cuentas Públicas
En el cuarto día del debate sobre el Informe del Auditor Principal 2018/2019, el Ministro Principal se centró en lo que describió como el ejemplo más claro de las deficiencias del Informe: la recomendación de que Gibraltar estableciera una Comisión de Cuentas Públicas (CAP). Declaró al Parlamento que esta sección del Informe era «incendiaria, partidista y totalmente ajena a las competencias del Auditor».
El Auditor se desvió hacia la política
El Gobierno recordó al Parlamento que la función del Auditor es examinar la administración y garantizar que el gasto sea legal y se rinda cuentas adecuadamente. No debe comentar ni prescribir la política gubernamental. El Ministro Principal se basó en la jurisprudencia para demostrar que este principio está establecido desde hace tiempo:
- En el caso R v Roberts [1908], los tribunales confirmaron que los auditores pueden cuestionar las acciones administrativas, pero no las políticas.
- En el caso Roberts v Hopwood [1925], se reafirmó que los auditores deben garantizar la legalidad del gasto, pero no pueden interferir en las decisiones políticas.
- Este principio está codificado en el artículo 6(2) de la Ley Nacional de Auditoría del Reino Unido de 1983, que prohíbe expresamente a los auditores cuestionar los méritos de los objetivos políticos.
El Ministro Principal afirmó que esta distinción era clara: un auditor puede examinar si los salarios se pagan legalmente, pero no si debería existir un comité de empresa. Al recomendar un Comité de Auditoría Principa, el Auditor Principal se había adentrado directamente en la formulación de políticas, que está reservada al Gobierno, al Parlamento y, en última instancia, al electorado. Recomendación sesgada y partidista
El Gobierno argumentó que la petición del Auditor de un Comité de Acción Política (PAC) era indistinguible del compromiso declarado por la Oposición en su manifiesto. El Informe incluso utilizó una redacción casi idéntica a la política declarada del GSD. En cambio, los partidos gobernantes GSLP-Liberal habían sido elegidos cuatro veces con el claro compromiso de que Gibraltar no necesitaba un PAC.
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El Ministro Principal describió esto como «una recomendación que se alinea con un partido político en contra de otro en un debate muy reñido. Eso no es una auditoría imparcial, sino una defensa de políticas disfrazada de auditoría». Añadió que esto representaba una peligrosa difuminación de los límites, socavando la imparcialidad de un cargo constitucional que siempre debería estar por encima de la política. Ignorando el debate y la decisión del Parlamento
El Ministro Principal también señaló que el Informe ignoró por completo un importante debate parlamentario sobre la cuestión del Comité de Políticas de Adhesión (PAC), celebrado el 26 de febrero de 2024. Dicho debate, impulsado por una moción de la Oposición, duró ocho horas y concluyó con una enmienda del Gobierno que reafirmaba su compromiso manifiesto de no establecer un PAC.
El Ministro Principal calificó de «extraño e irrespetuoso» que el Informe del Auditor, publicado más de un año después, ni siquiera mencionara este debate y la decisión de la Cámara.
El Informe también ignoró a la Comisión de Reforma Democrática y Parlamentaria, presidida por Adolfo Canepa, que ya había examinado la cuestión del PAC y concluyó que dicha comisión era innecesaria e inadecuada para el sistema parlamentario de Gibraltar. El Ministro Principal afirmó que el Auditor había desestimado esta conclusión «sin justificación y desafiando la autoridad parlamentaria». Evaluación legal
El Gobierno subrayó que la independencia constitucional protege la libertad del Auditor para examinar las cuentas sin interferencias, pero no le otorga autoridad para proponer reformas parlamentarias. El asesoramiento independiente del Sr. Fisher KC respaldó la postura del Gobierno, concluyendo que:
- La recomendación del Auditor de establecer un Comité de Auditoría Privada (PAC) era ultra vires y estaba fuera del ámbito legal de la oficina.
- Al alinearse casi palabra por palabra con el manifiesto de la oposición, el Informe creó la apariencia de partidismo político.
- Esto socavó la neutralidad de la Oficina del Auditor Principal e incumplió los estándares de imparcialidad exigidos por la ley y los códigos profesionales de auditoría.
El Sr. Fisher KC advirtió que cuando un funcionario independiente excede sus competencias y promueve políticas partidistas, la confianza pública en la institución se ve comprometida.
Amenaza a la Neutralidad Institucional
El Ministro Principal afirmó que la inclusión de esta recomendación no solo socavaba la credibilidad del Informe, sino que corría el riesgo de dañar la confianza pública en la propia Oficina del Auditor Principal. 2
Dijo: “En el momento en que una oficina constitucional es vista como políticamente sesgada, su credibilidad se ve destruida para la mitad del electorado. Eso es intolerable en una democracia. Un auditor no solo debe ser imparcial, sino que debe ser visto como tal. Este Informe no supera ambas pruebas”.
Citando la prueba de sesgo del caso Porter v. Magill, el Gobierno argumentó que un observador imparcial e informado inevitablemente concluiría que existía una posibilidad real de sesgo en la insistencia del Informe en un Comité de Auditoría Pública (PAC), dado el momento, el lenguaje y la política.
Contexto crítico.
Conclusión
El Gobierno calificó esta parte del Informe como “incendiaria, partidista e ilegal”. Afirmó que el ex Auditor Principal había ignorado el propio debate del Parlamento, ignorado a las comisiones independientes y se había alineado con la política de la Oposición.
El Ministro Principal anunció que el Gobierno propondría una enmienda a la moción presentada ante la Cámara para rechazar formalmente la sección del Informe relativa a la Comisión de Cuentas Públicas. Añadió que ahora sería necesaria una reforma legislativa para garantizar que la legislación de Gibraltar refleje la del Reino Unido al impedir expresamente que los auditores comenten sobre políticas. “No permitiremos que los errores, los excesos de jurisdicción y los sesgos partidistas queden sin corregir”, declaró el Ministro Principal al Parlamento.
“Nuestro deber es proteger la integridad de las instituciones y la equidad de nuestra democracia”.
FIN
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