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El Gobierno de Gibraltar responde al Informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019
El Gobierno de Gibraltar responde al Informe del Auditor Principal del ejercicio
2018/2019
Día 4 – Comisión de Cuentas Públicas
Gibraltar, 1 de octubre de 2025
En el cuarto día del debate sobre el Informe correspondiente al ejercicio 2018/2019 del
anterior Auditor Principal, el Ministro Principal, Fabián Picardo, se centró en lo que describió
como el ejemplo más claro de los fallos del Informe: la recomendación de que Gibraltar
establezca una Comisión de Cuentas Públicas (Public Accounts Committee, PAC). Picardo dijo
ante el Parlamento que esta sección del Informe era “incendiaria, partidista y completamente
ajena a las competencias del Auditor”.
El Auditor se extralimitó al opinar sobre política
El Gobierno recordó al Parlamento que la labor de un Auditor consiste en examinar la gestión
administrativa y velar por que el gasto público sea conforme a la ley y esté debidamente
justificado. No le corresponde comentar ni establecer directrices en materia de política
gubernamental. El Ministro Principal citó jurisprudencia para demostrar que este principio está
consolidado desde hace tiempo:
En el caso R contra Roberts (1908), los tribunales confirmaron que los auditores
pueden cuestionar actuaciones administrativas, pero no la política.
En el caso Roberts contra Hopwood (1925), se ratificó que los auditores deben
garantizar la legalidad del gasto, sin interferir en decisiones políticas.
Este principio queda recogido en el artículo 6(2) de la Ley de Auditoría Nacional del
Reino Unido (UK National Audit Act) de 1983, que prohíbe expresamente a los
auditores cuestionar “la conveniencia de los objetivos políticos”.
El Ministro Principal afirmó que esta distinción es clara: un auditor puede examinar si los
salarios se abonan conforme a la ley, pero no si debe existir un comité de empresa. Al
recomendar la creación de una PAC, el Auditor Principal se adentró directamente en la
formulación de políticas, una competencia que corresponde exclusivamente al Gobierno, al
Parlamento y, en última instancia, al electorado.
Recomendación sesgada y partidista
El Gobierno sostuvo que la propuesta del Auditor de crear una PAC era indistinguible del
compromiso electoral del partido de la oposición. En el Informe, se empleó incluso una
redacción prácticamente idéntica a la política declarada del GSD. En cambio, los partidos del
gobierno de coalición (Partido Socialista Laborista y Partido Liberal) fueron elegidos en cuatro
ocasiones con un compromiso claro de que Gibraltar no necesitaba una PAC.
El Ministro Principal calificó esta situación como “una recomendación que toma partido por
una formación política frente a otra en un debate intensamente disputado. Eso no es auditoría
imparcial, sino una defensa de políticas disfrazada de auditoría”. Picardo añadió que esto
supone una peligrosa difuminación de los límites y socava la imparcialidad de un órgano
constitucional que debe mantenerse siempre por encima de la política.
Desconocimiento del debate y la decisión parlamentaria
El Ministro Principal también señaló que el Informe omitía por completo un importante debate
parlamentario sobre la cuestión de la PAC, celebrado el 26 de febrero de 2024. Dicho debate,
originado por una moción de la oposición, se prolongó durante ocho horas y concluyó con una
enmienda del Gobierno que reafirmaba su compromiso electoral de no establecer una PAC.
El Ministro Principal calificó de “sorprendente e irrespetuoso” que el Informe del Auditor,
publicado más de un año después, ni siquiera mencionase este debate ni la decisión adoptada
por la Cámara.
El Informe también pasó por alto las conclusiones de la Comisión para la Reforma Democrática
y Parlamentaria, presidida por Adolfo Canepa, que ya había abordado la cuestión de la PAC y
concluido que dicha comisión era innecesaria e inapropiada para el sistema parlamentario de
Gibraltar. El Ministro Principal señaló que el Auditor desestimó esta conclusión “sin
justificación alguna y desafiando la autoridad parlamentaria”.
Evaluación jurídica
El Gobierno subrayó que la independencia constitucional garantiza la libertad del Auditor para
examinar las cuentas sin interferencias, pero no le otorga autoridad alguna para proponer
reformas parlamentarias. El dictamen independiente del asesor legal, [Jonathan] Fisher,
respaldó la posición del Gobierno, concluyendo que:
La recomendación del Auditor de crear una PAC fue ultra vires1 y excedió el ámbito
legal de sus funciones.
Al alinearse casi literalmente con el programa electoral de la oposición, el Informe
causó una apariencia de parcialidad política.
Esto socavó la neutralidad de la Oficina del Auditor Principal e incumplió los
estándares de imparcialidad exigidos por la ley y por los códigos profesionales de
auditoría.
Fisher advirtió de que, cuando un funcionario independiente excede su mandato y promueve
políticas partidistas, la confianza pública en la institución se ve comprometida.
Amenaza a la neutralidad institucional
El Ministro Principal apuntó que la inclusión de esta recomendación no solo menoscaba la
credibilidad del Informe, sino que, además, pone en riesgo la confianza pública en la propia
Oficina del Auditor Principal.
Picardo dijo: “En el momento en que un órgano constitucional es percibido como
políticamente sesgado, su credibilidad queda destruida para la mitad del electorado.
Eso es algo intolerable en una democracia. Un auditor no sólo debe ser imparcial, también
debe parecerlo. Este Informe no cumple ninguno de esos requisitos”.
Citando el criterio sobre imparcialidad del caso Porter contra Magill, el Gobierno argumentó
que un observador razonable y bien informado concluiría, de forma inevitable, que existía una
posibilidad real de sesgo en la insistencia del Informe sobre la creación de una PAC, dado el
momento, la redacción y el contexto político en el que se enmarca.
Conclusión
El Gobierno calificó esta parte del Informe como “incendiaria, partidista e ilegal”. Aseguró que
el anterior Auditor Principal había ignorado el debate parlamentario y desestimado las
conclusiones de comisiones independientes y que se había alineado con la política de la
oposición.
El Ministro Principal anunció que el Gobierno va a presentar una enmienda a la moción ante la
Cámara para rechazar formalmente la sección del Informe relativa a la Comisión de Cuentas
Públicas. Añadió que ahora será necesaria una reforma legislativa para garantizar que la
legislación de Gibraltar refleje la del Reino Unido para que prohíba expresamente que los
auditores se pronuncien sobre cuestiones de política. “No permitiremos que los errores, los
excesos de jurisdicción y el sesgo partidista queden sin corregir”, dijo el Ministro Principal ante
el Parlamento. “Nuestro deber es proteger la integridad de las instituciones y la equidad de
nuestra democracia”, concluyó.
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