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Sep 12, 2014 Redacción La Línea 0
Según ha informado la Oficina de Contratación, tras el acuerdo de pleno de 7 de agosto, en el que se inició el expediente de resolución del contrato de concesión de pistas de tenis y pádel en la Ciudad Deportiva por infracciones graves del contrato, la concesionaria presentó un recurso contra la decisión y su representante legal compareció en trámite de audiencia ante el instructor del expediente, tras lo cual se redactó un informe desestimatorio del recurso y, tal y como establece la Ley de Contratos para los casos de resolución, se remitido todo el expediente íntegro al Consejo Consultivo de Andalucía con el fin de que sea este órgano jurisdiccional, con sede en Granada, el que dictamine sobre la procedencia o improcedencia de la resolución del contrato de instalaciones deportivas de pádel y tenis.
Una vez el Consejo Consultivo de Andalucía dé a conocer su dictamen, que es preceptivo y vinculante, el Ayuntamiento actuará en consecuencia, bien archivando el expediente si el dictamen es desfavorable o elevando al pleno la revocación definitiva del contrato, en caso de que el dictamen sea favorable al Consistorio.
En caso de que, finalmente, se decida la resolución del contrato, el Ayuntamiento continuará temporalmente (al menos hasta que finalicen los procesos administrativos o judiciales) prestando el servicio que antes prestaba la empresa concesionaria, pero esta vez mediante gestión directa, a través de funcionarios municipales, de forma que los usuarios de pádel y tenis no tengan que sufrir perjuicios por el cambio en la gestión de estas instalaciones deportivas.
El inicio de expediente de resolución de contrato de concesión de estas pistas fue debatido y aprobado por todos los grupos políticos por unanimidad en la sesión del pleno del pasado mes de agosto, si bien no fue debido a una decisión o iniciativa política, sino a una exigencia técnica de los servicios de Recaudación de Diputación, y de la propia Tesorería Municipal, ante el impago reiterado, durante años, del canon anual que debía abonar la concesionaria, y cuya deuda impagada suma ya más de 190.000 euros, además de otras cantidades por consumo de energía eléctrica y otros conceptos.
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